Artículo que obtuvo el primer lugar en el Concurso de Redacción de Artículos de Economía 2023, llevado a cabo mediante una alianza entre el Club de Finanzas UCV y Ceteris Paribus.
Elaborado por: Marcelo Guerra
Imagen: El Nacional, año 2023
Las décadas de los 80 y 90
marcaron el declive del modelo de desarrollo diseñado y aplicado durante la
expansión de la economía petrolera en Venezuela, caracterizado por un control
estatal amplio sobre la actividad económica, en el contexto de la
Industrialización por Sustitución de Importaciones promovida desde la Comisión
Económica de las Naciones Unidas para América Latina, y la consolidación de los
Estados de Bienestar impulsados por los gobiernos del hemisferio occidental
luego de la Segunda Guerra Mundial.
Venezuela contaba con un
sistema financiero poco desarrollado, cuya robustez y expansión obedecía a los
considerables flujos de recursos generados por la actividad petrolera, elemento
dinamizador de la economía nacional desde las primeras décadas del siglo XX.
Según Vera y González (1999), hasta finales de la década de los años 1980, el
país fue un ejemplo de represión financiera (p. 14), siendo sus rasgos los
límites a las tasas de interés, los tratamientos preferenciales para sectores
calificados como prioritarios, y las limitaciones a las instituciones
extranjeras. En la década de los 70 se produjo una bancarización masiva, debido
a la expansión fiscal, que influyó sobre el sector financiero de tres formas:
Incremento de los depósitos en la banca comercial; incremento de las
operaciones activas, mediante fondos para el desarrollo de inversiones en
ciertos sectores, y crecimiento sostenido de sus instituciones (Vera y
González; 1999, p. 18). Cabe recordar que, entre 1974 y 1979 se produjeron
diversos hechos de importancia: La nacionalización de la industria petrolera y
siderúrgica, y el alza de los precios del petróleo debido a los conflictos
geopolíticos en el Medio Oriente, como la guerra del Yom Kippur. Este escenario
favorecía a las finanzas públicas venezolanas, con un aumento vertiginoso de
los ingresos petroleros, controlados por el Estado enteramente gracias a la
nacionalización, lo que permitió la consolidación del Estado de Bienestar, a
través de inversiones en salud, educación e infraestructura.
La situación empieza a cambiar
a inicios de la década de los 80, debido a un estancamiento del mercado
petrolero, que se reflejó en una disminución de los ingresos fiscales de un
Estado en plena expansión y crecimiento. Una consecuencia directa de esta
crisis fue la aceleración de las salidas de capitales, llevando a la
devaluación del Bolívar en el año 1983. El sector bancario muestra signos de
debilidad; en esta década fueron intervenidas instituciones como el Banco de
Desarrollo Agropecuario, el Banco de los Trabajadores, el Banco de Fomento
Regional del Zulia, el Banco Comercial de Venezuela y el Banco Comercial de
Maracaibo, que exhibían una complicada situación financiera originada por la
concesión de créditos sin garantía a empresas y grupos relacionados, y el
manejo de carteras con criterios políticos (González y Vera; 1999, p. 20).
Luego de estas intervenciones
se genera una reconfiguración del sector bancario, que se concentró en el
aumento de la participación de mercado y la mitigación de riesgos, permitiendo
la constitución de grupos financieros, a partir de la incorporación de
aseguradoras, bancos hipotecarios y sociedades financieras a un banco
comercial, que podía considerarse como matriz. La legislación no regulaba las
operaciones de intermediación a través de consorcios. La crisis no concluye en
1983; durante el gobierno de Jaime Lusinchi se diseñó un plan de recuperación
enfocado en el crecimiento del gasto público, en un momento de fragilidad en
las finanzas públicas generada por los costos de la deuda externa y la
disminución de los ingresos petroleros (González y Vera; 1999, pp. 21-22).
Llega 1989, el año del Gran
Viraje, programa propuesto por el presidente Carlos Andrés Pérez, concentrado
en reformas de carácter estructural, cuyo propósito era el equilibrio de las
cuentas externas, el control de la inflación y la construcción de una
estructura de precios que generara una mejor asignación de los recursos. Las
reformas buscaban una política fiscal restrictiva y la liberalización
financiera, concentrándose en las tasas de interés; la menor intervención del
Estado, mediante privatizaciones; la flexibilización de la participación de
bancos extranjeros, y la eliminación de las carteras preferenciales.
La liberalización produjo una
competencia entre las instituciones para atraer depósitos, que fue liderada por
el Banco Latino, que pasó del sexto al segundo lugar en captación en apenas
nueve años, con una presencia de mercado considerable. Este banco lastraba con
serios problemas de liquidez, que buscó remediar mediante una captación masiva
de fondos, aumentando sus tasas de interés, aprovechando, de cierta forma, la
liberalización producida por las reformas. Sin embargo, esta estrategia no ayudó
a solucionar la crisis, que se debía a una alta concentración de préstamos a
empresas relacionadas, al financiamiento de proyectos ilíquidos y a inversiones
que no generaban óptimos resultados (Palma; 1999, p. 100).
La crisis inicia con la salida
del banco de la Cámara de Compensación, como consecuencia de las corridas que
ya venía sufriendo desde 1993, luego, esta situación se replicó en otras
instituciones con problemas de liquidez, requiriendo de un rescate de 840
millardos de bolívares, equivalentes al 10% del PIB de aquel año, incrementando
en un 200% la base monetaria (Palma; 1999, p.104). Esto produjo una mayor
salida de capitales, debido a la aceleración de la inflación y la inestabilidad
del tipo de cambio, lo que llevó a la instauración de un control de cambios.
El panorama económico
venezolano de los años 90 estuvo marcado por la crisis, a pesar de una leve
recuperación registrada entre los años 1996 y 1998, por el aumento de los
precios del petróleo y la implementación de un nuevo programa económico, la Agenda
Venezuela, cuyo contenido era similar al del Gran Viraje, pero que contemplaba
medidas sociales compensatorias. Además, la quiebra del Banco Latino y otras
instituciones dio lugar a una reestructuración general del sistema financiero
nacional.
Referencias
Bibliográficas
Carstens, A.; Hardy, D.; Pazarbasioglu, C. (2004).
Banking Crises in Latin America and the Political Economy of Finnacial Sector
Policy. Estados Unidos: Fondo Monetario Internacional.
Gavin, M.; Hausmann, R. (1988). The Roots of
Banking Crises: The Macroeconomic Context. Estados Unidos: Banco
Interamericano de Desarrollo.
Palma,
P. (1999). La Economía Venezolana en el Quinquenio 1994-1998: de una Crisis
a Otra. Nueva Economía, 8(12), pp. 97-158.
Vera,
L.; González, R. (1999). Quiebras bancarias y crisis financieras en
Venezuela: una perspectiva macroeconómica. Venezuela: Banco Central de
Venezuela.
Sobre el autor:
Marcelo Francisco Guerra Rivas
Estudiante del 10mo
semestre de Contaduría Pública en el Núcleo de Sucre de la Universidad de
Oriente
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